La Unión Europea continúa reforzando sus políticas de sostenibilidad mediante el Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación (EUDR), una normativa llamada a transformar las cadenas de suministro internacionales y a generar importantes obligaciones de diligencia debida para numerosas empresas.
Aunque el Reglamento entró en vigor en 2023, su aplicación fue objeto de aplazamiento. Actualmente, las principales obligaciones serán exigibles a partir del 30 de diciembre de 2026 para operadores y comerciantes medianos y grandes, mientras que las micro y pequeñas empresas dispondrán de plazo hasta el 30 de junio de 2027.
La norma afecta a quienes introduzcan en el mercado de la Unión Europea o exporten determinados productos vinculados al riesgo de deforestación, entre ellos: café, cacao, madera, soja, aceite de palma, caucho y ganado bovino, así como numerosos productos derivados.
Desde una perspectiva práctica, el impacto alcanzará a una amplia variedad de operadores económicos, incluyendo:
• Importadores y exportadores.
• Fabricantes y transformadores de productos afectados.
• Distribuidores y comerciantes.
• Operadores logísticos integrados en determinadas cadenas de suministro.
• Empresas que comercialicen en la UE productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento.
El EUDR establece un régimen de diligencia debida obligatoria, mediante el cual las empresas deberán demostrar, entre otras cuestiones, que los productos:
• Son libres de deforestación.
• No proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
• Han sido producidos conforme a la legislación aplicable en el país de origen.
Para ello, será necesario recopilar y conservar información detallada sobre la cadena de suministro, evaluar riesgos y presentar las correspondientes declaraciones de diligencia debida antes de introducir los productos en el mercado europeo o exportarlos.
Más allá de una obligación medioambiental, el EUDR representa un nuevo requisito de compliance aduanero, regulatorio y comercial, cuyo incumplimiento puede tener consecuencias relevantes para el acceso al mercado europeo.
Las empresas con operaciones internacionales deberían aprovechar este periodo transitorio para revisar contratos, procedimientos internos, sistemas de trazabilidad y mecanismos de obtención de información de proveedores, anticipándose a una normativa que exigirá un control documental y operativo mucho más riguroso de las cadenas de suministro globales.
